Relocalización, Tesla, Corredor Interoceánico y seguridad social
El debate sobre la globalización neoliberal ha subrayado la desglobalización vinculada a la pospandemia, la interrupción de las cadenas de suministro, la concentración de la producción mundial en China, guerra fría tecnológica Estados Unidos-China (semiconductores), reversión de la deslocalización de procesos de producción y emergencia de la relocalización (nearshoring). Hoy se mudan establecimientos del país de origen (o de donde se hayan asentado) a otros cercanos con costos comparativos más bajos. La relocalización en México abre oportunidades a empresas de diferentes ramas portando el gran desafío de no repetir los altos costos sociales del modelo maquilador.
El anuncio de la instalación de Tesla en Nuevo León está reducido a la atracción de inversiones, ofreciendo beneficios locales, con clara ausencia del gobierno federal como promotor de políticas de desarrollo en concordancia con las entidades federativas y adecuada comunicación hacia los gobernados. Dados los altos niveles de automatización con que opera la firma, sorprende que siga desconociéndose el estatus de la instalación, número de empleos, condiciones de trabajo y esquema de contratación.
El Corredor Interoceánico en el istmo de Tehuantepec opera –sobre una zona severamente deprimida– reconstruyendo infraestructura carretera, ferroviaria y licitando 10 polos (parques industriales) con movimiento de contenedores que trasladarán la producción de 10 ramas industriales distintas.
Para que el proyecto conlleve beneficios a todos y no sólo a las firmas (como en el modelo maquilador) convendría considerar otras áreas de intervención. 1) transparencia con la sociedad y pueblos indígenas para que todos tengan conocimiento pleno del proyecto, queden involucrados y beneficiados; 2) el respeto al estado de derecho no debe portar una concepción jurídica y regulatoria sesgada para sólo atraer inversiones sin empleos dignos que promuevan la movilidad social del corredor; 3) fomentar crecimiento económico con desarrollo de una nueva política industrial siguiendo los parámetros ya presentados por la Secretaría de Economía; 4) incorporar metas de competitividad al corredor no sólo con los objetivos fiscales presentes en los dos recientes decretos sobre estímulos, sino también fincando criterios laborales y sociales cuantificables; 5) establecer compromisos con las empresas instaladas para que el proceso de transferencia tecnológica posibilite el acceso de los trabajadores a empleos con mayor valor-conocimiento y desarrollo de tecnología; 6) implantar una política pública digital que amplie esta infraestructura en la zona –con un plan nacional de banda ancha y conectividad– que materialice el artículo sexto constitucional para que la garantía de derecho de acceso a las TIC, la banda ancha e Internet sean una realidad; 7) poner en marcha una transformación digital que desarrolle habilidades de la población/trabajadores del corredor vía autoridades, empresas, sindicatos y sociedad, tomando en consideración el beneficio fiscal que –sobre capacitación– establece el decreto del pasado 11 de este mes; 8) detonar programas de aprendizaje teórico-práctico (certificables), coordinados por la STPS y las secretarías de Trabajo locales para crear empleos de calidad con prestaciones de ley y que promuevan el desarrollo de habilidades digitales y blandas en los trabajadores.
Finalmente, dado el peso de la informalidad laboral y la realidad de trabajadores sin acceso a empleo formal con prestaciones de salud y seguridad social, la relocalización, Tesla y el Corredor Interocánico constituyen claras oportunidades para generar empleo de calidad en un marco de bienestar. Se trata de traducir simultáneamente los beneficios económicos en beneficios sociales por contraste con el modelo maquilador. Ello podría atenenderse con una convocatoria amplia de las secretarias del Trabajo y Salud con las instituciones de seguridad social, junto con representaciones sindicales, empresas y trabajadores en lo individual para promover e inspeccionar entornos en los que la seguridad y salud en el trabajo sean prioritarios y equitativos donde se implanten políticas transversales con perspectiva de género que fomenten la igualdad en todos los aspectos y que contengan enteras garantías de acceso a pensiones dignas.
