Poder Judicial: servicios a la delincuencia
Los tribunales del país parecieran haberse embarcado en una competencia para ver cuál emite el fallo más aberrante, antiético, agraviante para la sociedad y favorable a criminales poseedores de poder y riqueza. Ayer, María Isabel Bernal Hernández, titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, protegió al ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio de cualquier mención que pudiera incomodarlo por parte de las autoridades federales, con lo que tiende una mordaza a quienes buscan llevar ante la justicia al mayor responsable de que hasta hoy se desconozca el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
También ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López negó una orden de aprehensión contra el secretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista, Genaro García Luna, por habérsele descubierto un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos, a pesar de que el Ministerio Público le presentó pruebas contundentes de que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos.
La sentencia de Alarcón López fue ratificada por el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a los magistrados Héctor Lara González, Samuel Meraz y Emma Meza Fonseca por publicar en el Semanario Judicial de la Federación una jurisprudencia que establece como criterio obligatorio para los jueces de amparo en 18 estados del país otorgar suspensiones provisionales contra la prisión preventiva oficiosa a manera de una concesión de tutela anticipada a favor de acusados de delitos como secuestro, homicidio, feminicidio, delincuencia organizada, desaparición forzada, violación, trata de personas y huachicol, entre otros.
Es decir, ahora la prisión preventiva será sustituida por una impunidad preventiva que dará oportunidad a los delincuentes para fugarse, resguardar sus activos financieros, asesinar a los testigos de sus crímenes, revictimizar a sus víctimas y, en suma, para sustraerse definitivamente de la acción de la justicia y cometer nuevas tropelías.
Todos estos despropósitos se producen apenas días después de que colegas de los togados referidos pasaron por encima de cuanta ley se puso en su camino en el afán de liberar a Juan Collado Mocelo, litigante multimillonario que durante décadas contribuyó a mantener impunes a personajes como Raúl Salinas de Gortari y Carlos Romero Deschamps, así como al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien frente a las cámaras difundió una versión ostensiblemente falsa sobre el asesinato de Ariadna Fernanda López Díaz, con la que intentó desviar la atención de su presunto feminicida y culpabilizar a la víctima de su propia muerte. Este funcionario, designado por el ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido, también ha sido señalado por encubrimiento en el caso del atentado contra el activista Samir Flores Soberanes y en el de las fosas clandestinas de Tetelcingo, donde la extinta procuraduría estatal de Ramírez Garrido arrojó al menos 120 cuerpos.
La panoplia de sinsentidos y agravios que México padece desde que Norma Lucía Piña Hernández fue nombrada titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta inexplicable si no es como una conspiración del Poder Judicial para proteger a prominentes miembros de la clase política y empresarial afines a los togados, en tanto todos ellos son miembros de la oligarquía que hasta 2018 sometió al país y amasó fortunas sin cuento a expensas de las mayorías. El sabotaje sistemático contra los esfuerzos del Ejecutivo federal para reducir la violencia, los índices delictivos, la inseguridad y la corrupción corrobora que hoy por hoy el mayor freno a la justicia se encuentra en los tribunales, y que cualquier avance contra la impunidad exige un saneamiento profundo a las instancias judiciales.
