Impune el homicidio industrial de Grupo México en Coahuila

Hoy se cumplen 17 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores perdieron la vida, y 17 años también de la impunidad por ese “homicidio industrial” de Grupo México y su dueño, Germán Larrea, advirtió el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista, el senador de Morena resaltó que sus demandas siguen siendo las mismas que formuló en febrero de 2006, después de la explosión que dejó sepultados a los mineros: que se rescaten sus cuerpos, una investigación a fondo para castigar la negligencia de la empresa y una indemnización justa a los familiares de los muertos.

En ese sentido, Gómez Urrutia demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga nuevamente, ya que pese a su compromiso de que se rescaten los restos de los 63 mineros, aún atrapados en las entrañas de la mina carbonífera ubicada en Coahuila, autoridades federales y locales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) han entorpecido el proceso.

Las viudas, los hijos y en general las familias de los mineros muertos, dijo, están frustrados y desesperados, porque los trabajos de rescate se iniciaron apenas el año pasado, están paralizados y falta poco más de año y medio para que el sexenio se acabe.

Crítica a la STPS

“Es lamentable que la Secretaría del Trabajo haya optado por un rescate a la manera que siempre lo propuso Grupo México, de abrir nuevos túneles por la parte de atrás de la mina, en lugar de hacerlo directamente por los que usaban los trabajadores para entrar y salir”. Hizo notar que se van a gastar 75 millones de dólares y llevar más de cuatro años en esa tarea, que un grupo independiente, encabezado por el ingeniero Fernando Acosta, casi culminó en dos años y con menos de 5 millones de pesos.

“Esto tiene que cambiar, se debe emprender el rescate en serio y entregar los restos de los compañeros a su familia, pero parece que las autoridades de la STPS cuidan más los intereses de Larrea que de las víctimas”, recalcó, e insistió en que el empresario no puede seguir en la impunidad, “incrementando más su riqueza, ya que todo indica que hasta un banco va a conseguir, sin pagar por los muertos, los derrames tóxicos en ríos y la violación de derechos laborales que arrastra tras de sí”.

Gómez Urrutia comentó que en 2006 acusó a Larrea de “homicidio industrial” porque la explosión mortal en Pasta de Conchos se debió a la falta de seguridad en la mina, donde no sólo laboraban sindicalizados, sino también personal de empresas contratistas, a los que se obligaba a trabajar en condiciones de explotación, con grandes concentraciones de gas y hasta a realizar tareas de soldadura dentro de la mina.

“Eso era peligrosísimo, pero se hacía con la complacencia del gobierno de Vicente Fox y de su secretario de Trabajo, Francisco Salazar, quien pasaba por alto las inspecciones a la mina.

“Fue además criminal que apenas cinco días después de la explosión, la empresa decidiera suspender las tareas de rescate, sin saber si los 65 mineros seguían aún con vida. Y es posible que muchos aún lo estuvieran, hay testimonios de ingenieros que en ese momento laboraban para la empresa, que dieron fe de ello”.

El senador morenista señaló que uno de ellos refirió a su esposa –quien acompañaba a las viudas– que habían introducido cámaras por los contrapozos, que son pozos más pequeños de respiración, que cada 200 o 300 metros construyen dentro de la mina para que salga el gas, y en uno de los videos habían visto a un grupo de mineros sentados, como rezando y en espera de que los sacaran.

“Ese ingeniero desapareció al día siguiente, jamás se le volvió a ver, pero hay además expertos que sostienen que pudieron aún estar vivos y Grupo México, con el apoyo de Fox, decidió no rescatarlos y poner luego todas las trabas para que los cuerpos permanecieran dentro de la mina, para ocultar su responsabilidad.”

A partir de ello, subrayó, presentó en México una denuncia por homicidio industrial y después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo “que enfureció a Larrea”, y el magnate emprendió una persecución penal y mediática en su contra, que lo obligó a salir del país, o de lo contrario, “me habría destruido a mí y al Sindicato Minero”.

Desde Canadá, sin embargo, continuó con la dirección del sindicato y el apoyo a las viudas de Pasta de Conchos, con la exigencia de que hubiera justicia. Ahora, ya con el gobierno de la 4T, insiste en que haya un plan B para el rescate de los cuerpos, una indemnización justa y digna para cada una de las familias y una investigación independiente que determine las causas de la tragedia y el castigo a los responsables. “Esto es a lo que más le teme Larrea, que nunca dio la cara, ni siquiera el pésame a los familiares de las víctimas”.

Ni siquiera, recalcó, indemnizó a las viudas, fue el Estado el que asumió esa responsabilidad. Por ello, “esperamos que el presidente López Obrador tome las riendas del problema para acabar con esta injusticia”.