EU, descalificado en materia electoral
Interrogado acerca de la postura del Departamento de Estado en torno a la marcha realizada el domingo pasado por la oposición contra la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Vedant Patel, subvocero de esa dependencia, afirmó que “instituciones independientes libres de influencia política son una piedra angular de la democracia e instituciones electorales no partidarias en particular aseguran que todas las voces sean escuchadas en los procesos democráticos fundamentales”.
Esta declaración resulta extraña en boca del representante de un país en el que no existe una institución federal (independiente o no) a cargo de las elecciones; en el que son los gobiernos estatales los que procesan el voto de los ciudadanos y que, pese a estas carencias, se autoproclama “la mayor democracia del mundo”.
Las fallas del sistema electoral estadunidense van más allá de sus peculiaridades federalistas, y tienen como principal instancia antidemocrática el voto indirecto mediante el sistema de colegio electoral, el cual ya ha hecho que tres veces en el siglo XIX y dos en lo que va de éste (2000 y 2016) llegue a la Casa Blanca un candidato que perdió el voto popular. Además, el contexto jurídico permite a los ultrarricos distorsionar la competencia democrática mediante donativos ilimitados y anónimos a los candidatos de su preferencia, y habilita a los gobernadores a practicar el gerrymandering, es decir, el diseño de los distritos electorales para favorecer a uno de los partidos. Esta técnica, usada de manera cada vez más agresiva por el bando republicano, genera distorsiones extremas de la voluntad popular: por citar dos ejemplos, en Austin, la capital del estado de Texas, ha llevado a que los demócratas ganen sólo uno de cuatro distritos electorales pese a obtener dos terceras partes de los votos, mientras en Carolina del Norte permitió a los republicanos quedarse con nueve de los 13 asientos en la Cámara de Representantes pese a contar con menos de la mitad de los sufragios.
En suma, tanto por la falta de autoridad moral de Washington para manifestarse en estos temas, como por el irrestricto respeto debido a la soberanía mexicana, los funcionarios estadunidenses deben observar la máxima cautela al opinar sobre los esfuerzos de México para construir órganos electorales verdaderamente autónomos, libres de las cuotas partidistas y la marcada parcialidad que caracterizan a los titulares actuales del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
