Astillero | ¿Opositores cimbrarán al Primor?
El secretario de Gobernación ha confirmado que el proyecto presidencial de reforma electoral se está “construyendo” con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con “algunos” legisladores de Acción Nacional y otras fuerzas políticas.
A sabiendas de la historia reprobable del PRI en asuntos electorales (y no sólo en éstos), poco alentadora resulta la reiteración del viajero de Bucareli de tales negociaciones, a las que debe sumarse el interés siempre lucrativo de otro espécimen concurrente, el Partido Verde Ecologista de México, lamentable aliado sexenal del obradorismo.
Pero en la necesaria aritmética cameral, a Morena y conexos no les queda más que la pepena de votos para vencer la resistencia del panismo y sus adherentes (lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, más el empresariado equisista, este término en referencia a la X del gerente Claudio). Así que la alianza Primor va, con las obligadas concesiones a la ortodoxia electoral priísta, más la morenista que parece calca aumentada.
La propuesta de reforma electoral presentada por la Presidencia de la República, que sería “enriquecida” con algunos detalles extraídos de las decenas de iniciativas sobre el tema que han estado en la congeladora legislativa, otorga a los poderes constituidos la posibilidad de dar cuerpo a la nueva integración de consejeros y magistrados electorales, pues tales poderes serían los que tendrían la facultad de proponer candidaturas a votarse en elección abierta. La nueva plurinominalidad, que se promueve bajo la falsa bandera de rechazar a los plurinominales, reforzaría el control de las cúpulas partidistas respecto a candidaturas a puestos de elección popular.
En el fondo, la batalla por el rediseño electoral es la cruda batalla por el poder presidencial de 2024 y sus no menores trincheras de la integración de las cámaras de Diputados y Senadores, más un buen puñado de gobiernos estatales. En el fondo, la política es la batalla por alcanzar el poder y por conservarlo.
Largamente beneficiados por un sistema electoral adecuado a sus intereses, los panistas (que recularon en 1988 en lo que llamaban un fraude electoral salinista, para hacerse de gubernaturas e interlocución redituable con Los Pinos, y que en 2006 defendieron ardorosamente el fraude electoral calderonista) y el chuchismo perredista, siempre ávido de privilegios menores, pretenden encarnar una cruzada contra el poder electoral que creen propiedad irrenunciable: el INE no se toca, proclaman, bajo la pretensión de que se sostengan los manoseos y tocamientos anteriores.
El priísmo ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación al poder presidencial ajeno: sobrellevaron los años difíciles de los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón, siempre dispuestos a negociar la suma tricolor de votos y de experiencia operativa en las cámaras.
Ahora, con López Obrador, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, ha sido la pieza tragicómica útil para cerrar acuerdos favorables a la llamada Cuarta Transformación, pero también a los intereses de supervivencia de ese dinosaurismo siempre en espera de recapturar el poder perdido.
Habrá de verse si el próximo domingo 13 la marcha en defensa del INE muestra una cuantía de manifestantes que cimbre el aparato político que hasta ahora parece enfilarse a la aprobación de la citada reforma electoral. Ayer en Guadalajara, invitado por la Asociación Política Nacional Confío en México, que preside Salvador Cosío, el gerente de movilizaciones y alianzas opositoras, Claudio X. González, dijo: “confiamos en que el PRI sepa defender la democracia, las libertades y al instituto”, y también espera que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza opositora. La realidad política parece ir en sentido contrario a los deseos de quien se definió como “componedor” de la lucha “ciudadana”.
Y, mientras el morenista presidente de Badiraguato, Sinaloa, ha anunciado la construcción de un museo del narco, ¡hasta el próximo lunes!
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