Donde cruzan las brujas | Del derecho a decidir al derecho a disuadir
No hace mucha falta saber descifrar la personalidad de las personas, solitas te dicen cómo son y lo que piensan al hablar y hacerse presentes con el cuerpo entero o hasta por videoconferencia; tampoco es necesario ser una grande artista del arte de leer entre líneas o de análisis del lenguaje muy complicado.
En este caso, el Dr. Adrián Medina Amarillas ya nos había dicho lo que podíamos esperar en su gestión respecto a la garantía de los derechos de las mujeres a la interrupción legal del embarazo (hasta la semana 12).
En primer lugar, es sabido y comprobado que la jerarquía y la misógina se considera como “normal y natural” en todos los servicios de salud; las y los médicos han sido educados por las universidades y sus propias familias para ser poco consientes de la realidad social, para ser nada empáticos y para reproducir la discriminación, misoginia, xenofobia, homofobia y más.
También sabemos que quienes nos gobiernan son personas ignorantes en materia de derechos humanos y mucho más en materia de violencia contra las mujeres; si no fuera por las movilizaciones y trabajo legislativo que se ha hecho en los últimos 20 por las feministas y mujeres preocupadas por el tema, estarían completamente ajenos a la perspectiva de género en las políticas públicas y gubernamentales.
Teníamos ya elementos para dudar de que el Dr. Adrián iba a cumplir con su trabajo, culturalmente está educado para no saber y como funcionario no se ha preocupado por leer o tomar algún cursillo en línea en materia de violencia contra las mujeres.
Revisando los medios de comunicación locales encontré que el mismo secretario de salud mencionó en la Sala de Gobernadores un 21 de febrero – de este mismo año, en Mexicali- que “no es necesario implementar una campaña para promover los servicios de Interrupción del Embarazo en Baja California ya que no es un problema de salud pública”.
El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, consideró que no es necesario implementar una campaña para promover los servicios de interrupción del embarazo en el estado, porque no se trata de un problema de “salud pública” como la hipertensión o la diabetes.
Al escuchar la declaración anterior, quienes nos preocupamos y ocupamos por la defensa y garantía del derecho a la autonomía sexual y reproductiva, debimos alarmarnos y preparar, al menos, un observatorio o, ya echándole más ganitas, un plan de seguimiento a la política pública que garantiza la posibilidad de abortar, ya no solamente en caso de violación sexual, sino, en caso de tener la decisión de interrumpirlo, y listo, sin más.
El Dr. Adrián Medina, hace unos días dijo a los medios de comunicación que se han hecho 200 solicitudes de interrupciones de embarazo, de las cuales, se dotó el servicio 159 veces, hasta aquí su declaración parece imparcial, sin embargo, “se le salió”, nos dijo que “afortunadamente”, en algunos de los casos, “lograron disuadir a las mujeres de abortar”.
No conforme con lo anterior, el secretario y cardiólogo fue cuestionado respecto al tema de “las afortunadamente disuadidas”, a lo que respondió que cuando se solicita el servicio las mujeres son enviadas a psicología donde “el departamento puede encausarlas a que desistan de esa decisión que habían tomado en un principio”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ya le mandó su exhorto al doctor para que no obstaculice el derecho a la libre decisión de las mujeres sobre nuestra salud reproductiva y sexual, sin injerencias ni cosas de esas. En el Congreso local ya se prepara otro exhorto para el Dr. Adrián donde se revisarán los protocolos y, entiendo, las “asesorías que encausan a desistir de la decisión de interrumpir el embarazo”.
La joven doctora que coordina el área de Salud Reproductiva en la Secretaría de Salud del Estado debería contar con más apoyo del mismo sistema de salud y promover campañas de difusión del servicio público y decir cómo solicitarlo de manera gratuita y expedita, pero el Doctor Adrián ya nos dijo que no lo considera un problema de salud pública.
En cuanto a la Interrupción Legal del Embarazo o aborto seguro, podemos decir que existen lineamientos suficientes para saber que en Baja California se siguen violado los derechos humanos de las mujeres de manera sistemática, en particular, en los temas relativos a nuestra salud sexual y reproductiva.
El Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México establece los criterios básicos de atención en las unidades de salud de la Secretaría de Salud para que las y mujeres y personas con capacidad de gestar, que requieran servicios de aborto seguro dentro del territorio nacional, tengan acceso a una atención oportuna, resolutiva, integral, basada en la mejor evidencia científica disponible y con visión de derechos humanos.
En el Lineamiento se habla de los principios bajo los cuales se debe prestar este servicio, dos de ellos son: el buen trato y el trato libre de estigmas; para cumplir con lo anterior se tienen que apegar a premisas como: Brindar una atención centrada en las necesidades de las usuarias; evitar emitir juicios de valor e intentar cambiar, sugerir o imponer el punto de vista propio; proporcionar a las usuarias un ambiente de confianza, tranquilidad y seguridad y más. El trato libre de estigma es clave, ya que tiene un efecto importante sobre la toma de decisiones de las mujeres.
Del derecho a decidir al derecho a disuadir, me voy por lo aprobado por la mayoría de las legislaturas en los Estados de la República mexicana, voy por la libertad, la vida, la dignidad y la salud de las mujeres, niñas y adolescentes. Hay que ponerle el ojo a la aplicación de estos lineamientos en nuestro Estado y promover el servicio entre las mujeres con las que compartimos en nuestra vida.
