Caso Debanhi: negligencia letal

Los resultados presentados el lunes por la comisión interdisciplinaria designada para determinar la causa de muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desmienten la versión ofrecida hace casi tres meses por la Fiscalía General de Nuevo León y apuntan a que las dilaciones y omisiones en las pesquisas para dar con el paradero de la joven pudieron resultar letales. El estudio, en el que participaron tres expertos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y un perito internacional avalado por Naciones Unidas, estableció que la joven “fue asesinada mediante asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”, a contrapelo del dictamen que indicaba como causa de muerte una contusión en el cráneo, lo cual dejaba abierta la posibilidad de un fallecimiento accidental.

Por otro lado, en lo que supone la revelación más estremecedora del nuevo análisis del cuerpo, se dio a conocer que la joven falleció entre siete y nueve días después de su desaparición, es decir, que las autoridades contaron con al menos una semana para localizarla con vida y evitar un desenlace trágico. Además, se descarta que la víctima hubiera sufrido violencia sexual, de lo que “no se encontró ninguna evidencia” o lesión que pudiera sugerirla.

El caso de Debanhi Escobar ha sacudido a la sociedad neoleonesa y mexicana en general desde que se le reportó como desaparecida el pasado 9 de abril, un día después de que acudiera a una fiesta con amigas. Según lo que se ha sabido hasta ahora, abandonó la reunión de madrugada a bordo de un taxi conducido por un chofer de confianza de sus amistades, pero, a decir de éste, la joven exigió que se le permitiera bajar del vehículo y descendió en una zona poco poblada de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. El taxista le tomó una foto que ha circulado profusamente como prueba de que al dejarla se encontraba en buenas condiciones. Posteriormente, ella buscó ayuda en una empresa de transporte y, al no obtenerla, se dirigió a un motel ubicado a unos metros, en cuyas cámaras de seguridad se registraron sus últimas imágenes con vida. Doce días después, el 21 de abril, su cuerpo fue localizado en una cisterna en desuso de ese motel, y al día siguiente la fiscalía confirmó su identificación.

Inconforme con la manera en que se llevaron a cabo las pesquisas y con los resultados de la primera necropsia, su familia –que ha permanecido activa desde el primer momento en demanda de justicia– solicitó un peritaje independiente en el que había cierta coincidencia con el dictamen oficial en la causa de muerte (se habla de que fue golpeada en la cabeza en repetidas ocasiones), pero se sugirió la posibilidad de abuso sexual, lo que se descarta en el primer y el tercer peritajes.

Si hasta ahora no se ha podido esclarecer qué ocurrió con la joven entre el momento en que ingresó al motel y la fecha en que aparecieron sus restos es, en buena medida, porque las autoridades de Nuevo León se condujeron con inocultable desaseo y displicencia en la ejecución de sus labores. El máximo símbolo de esta mala praxis se encuentra en el hecho de que el establecimiento fue inspeccionado cuatro veces antes de que se encontrara el cuerpo, pero hay otros ejemplos de negligencia igualmente lamentables como el de que un mes después de la desaparición se “descubrieran” cámaras de seguridad que supuestamente no fueron vistas antes, o que para el 19 de mayo apenas se hubiese revisado el contenido de dos de las 15 cámaras.

En este contexto, lo que deja claro la nueva necropsia es el fallo catastrófico de las instituciones estatales de procuración de justicia, un fallo tan grotesco que obliga a preguntarse si detrás de ellas hay una ineptitud monumental o si se trata de un afán de encubrimiento o distorsión de la verdad al servicio de intereses desconocidos, pero sin duda siniestros.

Es imperativo conocer lo ocurrido y deslindar responsabilidades de todo el personal que condujo al enredo en que hoy se encuentran las investigaciones. En este sentido, es evidente que no basta con la remoción de los titulares de las unidades especializadas en Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas, y Antisecuestros, Javier Caballero, dictada por la fiscalía el 27 de abril, sino que se deben revisar las actuaciones de todo el Ministerio Público.