La evasión fiscal del Poder Judicial; le rechazan cuentas públicas de 2019
El Poder Judicial del Estado no cuenta con RFC propio, situación que viene arrastrando desde hace varios años y que le valió que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado le rechazara las cuentas públicas de 2019.
La instancia que tiene la potestad de hacer cumplir la ley es la que incurre en violación, por lo menos desde el 2017; así se le informó al Poder Judicial del Estado quien ni siquiera cuenta con el Registro Federal de Causantes (RFC) y utiliza actualmente el del Ejecutivo pese a que son poderes distintos e instituciones distintas.
Lo anterior fue observado por la Auditoría Superior del Estado y fue uno de los conceptos por los que negó la aprobación a cuenta pública tanto al Poder Judicial como al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia por lo que, en caso de mantener este criterio deberá negarle las cuentas públicas 2020, 2021 y 2022 ya que no se tiene planeada una solución durante a corto plazo.
Según el dictamen 27 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público aprobado en el Pleno del Congreso del Estado, se negó la Cuenta Pública al Poder Judicial del Estado de Baja California derivado de diversas violaciones consideradas como graves.
Para la Auditoría Superior del Estado, el Poder Judicial violó el Código Fiscal de la Federación al utilizar el RFC del Ejecutivo Estatal.
De igual manera durante el 2019 se pagó por compensaciones 163 millones 591 mil 211 pesos y por pago de aguinaldo 88 millones 633 mil pesos en que no se realizaron retenciones y enteros correspondientes al Impuesto Sobre la Renta.
De igual manera no emitió los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), incumpliendo nuevamente la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Por concepto de ISPT retenido referente al sueldo tabular por importe de 23 millones 631 mil y 608 mil pesos, sin embargo, la entidad no realizó el entero correspondiente.
Otras irregularidades
El Poder Judicial contrató por prestación de servicios directamente sin considerar los rangos establecidos violando la Ley de Adquisiciones del Estado.
En el caso del contrato CONT-SG-17/2019 a Teléfonos del Noroeste por 620 mil pesos y el contrato CONT-SG-14/19 en favor de Diagnóstico en Seguridad Privada Empresarial por 741 mil pesos se debía invitar a cuando menos tres proveedores.
Para los contratos CONT-SG-12/2019 y CONT-SG-48/2019 en favor de Duplicación Digital se debió llevar el procedimiento de Licitación Pública.
Fondo Auxiliar en las mismas
Mediante el oficio TIT/1021/2020 de fecha 22 de julio de 2021, la Auditoría Superior del Estado de Baja California recomendó a la Comisión de Fiscalización y Gasto Público negar la cuenta correspondiente al ejercicio fiscal 2019 al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia de Baja California.
Una de las causas por la que fue rechazada es que se violó el Código Fiscal de la Federación luego de que el Fondo utilizara el RFC del Poder Ejecutivo Estatal.
“(…) organismos descentralizados y de los órganos constitucionales autónomos, que cuenten con autorización del ente público al que pertenezcan, deberán inscribirse en el registro federal de contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscal”, señala la recomendación.
El documento indica que el Fondo Auxiliar requiere llevar a cabo las gestiones correspondientes para contar con su RFC propio, con el propósito de que cumpla de manera cabal con sus obligaciones fiscales, y con ello poder emitir comprobantes fiscales digitales.
Otro de los puntos analizados fue el pago al personal, según la auditoría realizada durante el 2019 por compensación de 4 millones 921 mil 999 pesos y compensación por 2 millones 18 mil pesos.
Para estos importes no se realizaron las retenciones y el entero correspondiente del Impuesto Sobre la Renta, así mismo, la Entidad no proporcionó la evidencia de la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI).
Nuevamente en el renglón del I.S.P.T. retenido por 465 mil 174 pesos, no se realizó el entero correspondiente.
De igual manera se realizó la adquisición de seis contratos irregulare, CONT-SG-13/19, CONT-SG-49/19 y CONT-SG-65/19 a favor de la empresa SOLUCIONES MITA, S.A. DE C.V. en donde se debió invitar a por lo menos tres proveedores.
En la misma situación se encuentran los contratos CONT-SG-12/2019, CONT-SG-48/2019 y CONT-SG-64/2019 en favor de la empresa DUPLICACIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. la cual recibió en total poco más de un millón de pesos.
Se observó que la Entidad presentó en su Estado de Situación Financiera una cuenta pendiente de cobro con antigüedad mayor a un año, denominada Poder Judicial – Intercuentas, por un importe de 35 millones 544 mil 665 pesos, la cual incluye el importe de 35 millones 532 mil pesos por concepto de préstamo efectuado al Poder Judicial para cubrir parte de su gasto generado por concepto de Servicios Personales, misma de las que al 30 de septiembre de 2020, solo se había recuperado el importe de 3 millones de pesos.
Falta de recursos
Para el presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, el tema se trata de la falta de recursos para regularizarse.
“Nosotros estamos bajo la tutela fiscal del Gobierno del Estado y son ellos quienes enteran nuestros impuestos”, reconoció el magistrado presidente.
Expuso que para que el Poder Judicial tenga la capacidad de pagar sus propios impuestos el Gobierno del Estado tendría que poner un sobresueldo a los trabajadores.
“A los trabajadores no les puedes bajar el sueldo de un mes a otro, hemos trabajado con diversas fórmulas para hacer lo que es el timbrado de nómina, que es una cantidad inicial porque luego el gobierno federal te lo tiene que regresar” expuso.
Señaló que se trata de un mecanismo administrativo pero es necesario contar con el timbrado de nómina.
“El Poder Legislativo lo hizo hace como dos o tres años; yo ya platiqué con el secretario de Hacienda y él se comprometió a hacerlo el siguiente año”, puntualizó Fragozo López.
Por su parte el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina, señaló que la falta de Registro Federal de Causantes es una de las observaciones que se le viene haciendo al Poder Judicial.
Señaló que siguen utilizando el RFC del Gobierno del Estado pese a que son entes distintos.
“El Gobierno del Estado es uno solo, hay que ser claros, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha observado el que cada uno de los poderes utilice su propio RFC y esto ha sido observado”, expuso.
Observaciones al Poder Judicial son continuas
Desde 2017, el Congreso del Estado había advertido al Poder Judicial sobre la falta de RFC en sus cuentas.
Durante ese año la entonces Auditoría Superior del Estado realizó 21 observaciones de las cuales solo nueve logró solventar incluyendo la falta de Registro Federal de Causantes.
En 2018 se realizaron 18 observaciones de las cuales solo ocho fueron solventadas, lo que representó un pliego de observaciones, cuatro promociones de responsabilidad Administrativa Sancionadoras y cinco Recomendaciones.
Para el 2019, las observaciones bajaron a solo seis, aunque solo pudieron solventar una sola, en total la Auditoría generó cuatro promociones de responsabilidad Administrativa Sancionadoras, dos promociones del ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y una recomendación.
En todas fue observado la falta de RFC del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.
