El panorama ambiental de Baja California y la Profepa
Tijuana, 27 de septiembre.- El cierre de las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en Tijuana y Ensenada han resultado en tema de conflicto entre los distintos niveles de gobierno, además de una crítica amplia por grupos activistas.
Dos fuentes cercanas al asunto confirmaron a La Jornada Baja California que incluso trabajadores de las instalaciones no están de acuerdo con su reubicación a las oficinas de Mexicali.
Aunado a esto, la senadora federal Alejandra León y el diputado local Diego Echeverría Ibarra han exhortado a las autoridades federales para que las instalaciones no solo se mantengan, también han pedido que se expandan.
En lo que expertos como Luis Eduardo Calderón, investigador en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, apuntan como los mejores momentos de Profepa en el Estado, la procuraduría contaba con 16 inspectores para Baja California actualmente solo cuenta con tres.
Más de 50 mil kilómetros cuadrados y ocho áreas naturales desprotegidas
El cierre de Profepa fue anunciado a mediados de julio, lo que encendió focos rojos para grupos ambientalistas, ya que solamente retirarse de Ensenada dejaría más de 50 mil kilómetros cuadrados y ocho áreas naturales protegidas sin autoridades competentes en la materia de protección al ambiente.
Entre las áreas desprotegidas destacan el archipiélago conformado por las islas que se encuentran frente a las costas de Tijuana y Ensenada, el parque nacional San Pedro Mártir y casi toda la Reserva de la Biosfera.
Para el 20 de agosto, la petición que buscaba evitar que se retiraran las oficinas había llegado a más de 15 mil firmas, ese número aumento a más de 30 mil registradas en la plataforma Change.Org la semana pasada.
Posibilidad de dar marcha atrás: Ruiz Uribe
La Jornada Baja California buscó a las autoridades con competencia en temas ambientales de diversos niveles de gobierno para conocer su opinión.
Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de programas en Baja California, aseguró que existe la posibilidad de que se dé un revés a la decisión pero apuntó que la Secretaría de Marina se encargaría de las funciones de la Profepa mientras se decide un curso de acción.
Al cuestionar al delegado sobre todas las áreas naturales protegidas que se encuentran en tierra y si estas también serían protegidas por la Marina, el delegado contestó «no, pero confiamos más en los ciudadanos que en cualquier inspector».
Carmelo Zavala, subsecretario de Desarrollo Sustentable en el estado, consideró que es «una verdadera tragedia (…) Es terrible por las viejas limitaciones que tienen los gobiernos locales para atender los temas de medio ambiente».
Para Zavala hay esperanza en que la decisión se pueda echar atrás y en que las leyes para que los estados puedan proteger de manera más directa al medio ambiente se vuelvan una realidad en próximas administraciones.
Que no solo se mantenga abierto sino que les den más recursos
Por su parte, el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, comentó a La Jornada Baja California que «se está en pláticas para que no solo se mantengan abiertas las oficinas, también que se les den más y mejores herramientas para trabajar«.
Sin embargo, una ampliación suena compleja considerando el presupuesto con el que cuenta la Procuraduría.
En el 2014, el presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales era de 66 mil millones de pesos, para 2020 solo se le entregaron 29 mil millones.
De esos 29 mil millones, 793 millones de pesos fueron destinados para Profepa.
Para el 2021, se recortó aún más los recursos para la procuraduría con 690 millones, y aunque se proyecta la posibilidad de un aumento del 15.6% en el Proyecto de Presupuesto de egresos de la federación para 2022, eso no resolvería del todo la solvencia del órgano descentralizado.
Una raya más al tigre
La Profepa existe desde 1992, un año después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, parte de este incluía compromisos de los países involucrados sobre la conservación del ambiente.
México, Canadá y Estados Unidos se comprometieron a ayudarse en la protección de especies endémicas, reducir la caza y el tráfico de especies en peligro de extinción cuando firmaron el tratado en 1991.
En 1993, como parte del seguimiento que le dio el ex presidente Carlos Salinas de Gortari al TLCAN, invitó a Bruce Babbit, entonces secretario del Interior de EU, para anunciar múltiples medidas de protección al medio ambiente.
La prohibición de redes de arrastre para camarón, la creación de la reserva de la Biosfera, la reserva en el desierto de sonora y el polígono de protección en el alto golfo, entre otras fueron anunciadas en Puerto Peñasco.
Para asegurarse de que las medidas se mantengan, el TLCAN creo la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que revisa y puede recomendar sanciones en caso de que los países no cumplan con sus deberes establecidos en el artículo 24 del tratado.
En agosto de este año, ambientalistas de las organizaciones como el Centro de la Diversidad Biológica y el Consejo de Defensa de Recursos Naturales presentaron una denuncia ante el CCA contra México por sus fallas al atender la defensa de la Vaquita Marina, que reside en el alto golfo de California.
Si se encuentra a México culpable de la negligencia de la que hablan los ambientalistas, las sanciones económicas podrían ser severas, pues se agregarían a las que ya fueron implementadas en los productos que vienen del golfo de California, con las consecuencias para el mercado mexicano en los millones de dólares.
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