Tijuana crea organismo del agua con acta de Cabildo de 2013
Tijuana, 4 de agosto.- El Gobierno de Baja California publicó un “número especial” del Periódico Oficial del Estado en el que aparece un acta firmada por el secretario de Gobierno, Joel Fabián Guardado Reynaga, en la que con base en una sesión del Cabildo en 2013 se crea un Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales.
Con esta acción, la actual administración a cargo de Karla Patricia Ruiz Macfarland justificaría la municipalización del agua aprobada el pasado miércoles 28 de julio, autoría de la XXIII Legislatura, pero retomando los trabajos del Cabildo que presidía el ex alcalde Carlos Bustamante Anchondo.
«Que el artículo 115 en su fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios son la base de la división territorial de la personalidad jurídica y que manejarán su patrimonio conforme a la Ley y poseerán facultades para expedir reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones», justificó la Secretaría de Gobierno de Tijuana en el oficio publicado en el diario oficial.
Incluso, en esa sesión de 2013, el entonces regidor Eduardo Enrique Parra Romero fue el primero en referirse al artículo 115 constitucional, al cual aludieron nueve de los 13 regidores del Ayuntamiento de Ensenada cuando este lunes se pronunciaron en contra de la reforma y con base en este precepto solicitaron a la síndica municipal Elizabeth Muñoz Huerta interponer “controversias constitucionales”.
Rosarito publicó la creación de su organismo del agua
En otro número especial de este martes 3 de agosto, se publicó el acuerdo que tomó por mayoría de votos el Cabildo de Playas de Rosarito, mediante en el que aprobaron la creación de un organismo operador del agua y drenaje que denominó “Agua y Saneamiento Municipal de Playas de Rosarito” (Aysmpr).
La presidenta municipal Araceli Brown justificó la medida para “dejar de depender de otro municipio, con la administración que actualmente realiza la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana, la Cespt”.
En el oficio publicado en el diario oficial y firmado por el secretario fedatario José Luis Alcalá Murillo, se invoca de nuevo el 155 constitucional y al Decreto 289 emitido por la XXIII Legislatura del Congreso.
