Justicia para trabajadores agrícolas migrantes / Miguel Concha
Una de las cosas que ha dejado la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 es percatarse de la importancia del sector agrícola para las economías de México y de Estados Unidos (EU) y, sin duda, para nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo que el gobierno estadunidense clasificó a los trabajadores agrícolas migrantes como esenciales, se han puesto de relieve en este sector las condiciones precarias de trabajo y los riesgos que enfrentan para que cada uno de nosotros pueda satisfacer la necesidad de alimentarse.
En México las personas trabajadoras migrantes agrícolas continúan laborando invisibilizadas, en condiciones precarias e incluso en mayor vulnerabilidad, luego de la cancelación, en 2019, del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. La vulnerabilidad es múltiple, pues a estas condiciones laborales, se suma el contexto de pobreza de las comunidades en las que viven y su condición de migrantes.
En nuestro país hay cerca de 2.5 millones de personas que se emplean en la industria agrícola de forma temporal. Ellas y ellos normalmente migran del sur al norte del territorio mexicano; se calcula que alrededor de 200 mil personas cruzaron en 2019 la frontera entre México y Estados Unidos, utilizando visas H2A. Este tipo de documentos permiten a los migrantes trabajar de manera temporal en la industria agrícola en EU. Los trabajadores agrícolas migrantes en México también forman parte de la cadena de suministro trasnacional, pues cerca de 60 por ciento de las exportaciones agrícolas de México tienen como destino Estados Unidos.
El sistema laboral que perdura en la industria agrícola es sumamente desigual y genera una serie de desventajas para quienes se emplean en su escalafón más bajo. Por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan, por la limitada capacidad de las autoridades a cargo de regular el sector y sus condiciones de empleo, y por la alta opacidad de empleadores y reclutadores, las violaciones de derechos son amplias.
Algunas organizaciones de la sociedad civil en México y en Estados Unidos han documentado y denunciado condiciones de explotación laboral, en ocasiones de esclavitud, que incluyen cobros ilegales y fraudes durante el reclutamiento, irregularidades en el monto y pago de los salarios, jornadas laborales que sobrepasan las ocho horas, retención de salarios o falta de pago, así como carencia de prestaciones sociales, falta de acceso a servicios de salud y vivienda, y abusos y maltrato por parte de los empleadores.
Las mujeres sortean mayores dificultades, a menudo son objeto de discriminación en el reclutamiento, hostigamiento y acoso sexual por parte de supervisores o empleadores. El incumplimiento de las reglas impuestas por las empresas, y la denuncia o demanda de derechos, pueden implicar el despido o la amenaza de no volver a ser contratados. Si bien es clara la responsabilidad de las instituciones estatales de respetar y proteger los derechos humanos de las y los trabajadores en México y en EU, el sector privado juega un papel fundamental en asegurar la implementación de estándares internacionales y medidas de debida diligencia.
Las herramientas en esta materia son varias y accesibles a través de iniciativas que promueven el reclutamiento responsable y buenas prácticas durante el empleo, como el proyecto Reframe, de la Organización Internacional del Trabajo o las guías y herramientas puestas a disposición por organizaciones como Verité.
La transformación hacia un cambio sostenible requiere de esfuerzos e iniciativas del sector privado para transitar hacia procesos de reclutamiento y condiciones de empleo con mejores prácticas y compromiso con los derechos humanos de los trabajadores agrícolas migrantes. Diversas iniciativas de organizaciones de trabajadores en ambos lados de la frontera han impulsado acciones a través de las cuales contribuyen a la creación de un sistema laboral más equitativo. Ejemplos como la Alianza Campo Justo, que incluye la participación de trabajadores agrícolas migrantes de la Montaña de Guerrero, que acompaña el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y el proyecto Periplo, impulsado por la Fundación Avina en México, son una muestra de ello.
La suma de fuerzas, a través de iniciativas como Periplo, proyecto que conjunta a varias organizaciones de la sociedad civil que impulsan tanto el fortalecimiento de capacidades y conocimientos en derechos laborales de los trabajadores, como la promoción de buenas prácticas en el sector privado y la formulación de recomendaciones en políticas públicas, señalan que el cambio sistémico necesita de la participación de diversos actores para la generación de una transformación de la industria y de las condiciones desiguales que en ella imperan.
Las alianzas y diálogos multisectoriales que se puedan gestar a través de iniciativas como Periplo son fundamentales para la generación de un cambio sostenible en el largo plazo.
