CNDH emite medidas para que gobierno garantice ejercicio periodístico
Ciudad de México, 5 de junio.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares dirigidas a autoridades de los tres órdenes de gobierno para que garanticen la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos y faciliten su labor durante el presente proceso electoral.
En un comunicado, informó que solicitó a la gobernadora y gobernadores de los 31 estados, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, entre otros, generar las condiciones para que los representantes de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos puedan ejercer libremente su labor, otorgando especial atención a las mujeres que desempeñan dicha actividad, a fin de prevenir agravios en su contra.
Asimismo, la CNDH reiteró la importancia de que servidores públicos, partidos políticos y la sociedad en general reconozcan la labor realizada por periodistas y defensores civiles para consolidar el Estado de derecho y la democracia, prevenir violaciones a derechos humanos y mejorar, con su actividad, las condiciones sociales, políticas y económicas de la población, particularmente, de las personas que viven en condición de vulnerabilidad.
Indicó que en lo que va del proceso electoral 2021, ha advertido que los periodistas han sido víctimas de amenazas, intimidación, hostigamiento y ataques físicos; mientras que, según el informe de la #Red Rompe el Miedo elecciones 2018, los derechos a la libertad de expresión, prensa y acceso a la información también han sido afectados por allanamientos, homicidios, ataques a bienes materiales, a redes de comunicación digital y sistemas informáticos; bloqueos, alteración o remoción de información; desaparición, desplazamiento forzado, además de intervención o vigilancia ilegal de comunicaciones, cometidas, en algunos casos por agentes estatales.
“Lo anterior, preocupa sensiblemente a este organismo porque sólo una sociedad bien informada podrá participar activamente en la toma de decisiones y en los procesos para elegir a sus representantes», indicó.
