Más de 500 familias exigen intervención de Segob por megafraude inmobiliario en Yucatán
Ciudad de México, 8 de julio. Un grupo de más de 500 familias afectadas por un presunto megafraude inmobiliario redactó una carta a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para denunciar lo que consideran como “el más grande fraude del país” por una inmobiliaria yucateca llamada Inversión Colectiva (Inverco).
Las víctimas, organizadas en la asociación “Familias Unidas contra el Fraude de Inverco”, reportan pérdidas que superan los 800 millones de pesos por la venta de casas en el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, que se ubica al norte de Mérida, y que nunca fue construido.
De los afectados, 65 por ciento son adultos mayores y 44 por ciento son migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, Canadá, Europa y Centroamérica, que deseaban regresar a México para vivir sus últimos años de manera digna.
Inverco fue fundada en 2018 por Miguel Aguayo de Pau y Rolando Mejía Bello, quien es primo hermano del entonces gobernador y actual senador priista, Rolando Zapata Bello. La empresa prometió construir 2 mil 500 casas en el fraccionamiento, pero según las denuncias, empezó a vender los domicilios sin tener la propiedad de la tierra ni los permisos de construcción.
“El fraccionamiento no existe, las casas tampoco. Sólo edificaron unas cien viviendas que en su mayoría continúan en obra gris, en medio de la selva y la maleza, para simular avances de obra”, señalan las víctimas en su carta.
Desde agosto de 2024, más de 200 familias, representadas por el abogado Othón Baca Cacho, presentaron quejas grupales en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) (del que ya recibieron dictámenes a favor), denuncias penales por fraude en la Fiscalía General de Yucatán, denuncias por lavado de dinero en la Fiscalía General de la República (FGR) y una solicitud de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las víctimas aseguran que Inverco forma parte del crimen organizado inmobiliario y opera con recursos de origen ilícito. En su carta pidieron dos acciones específicas: una audiencia que ha sido solicitada en dos ocasiones sin respuesta, y llevar el caso a la Mesa Nacional de Seguridad por tratarse de crimen organizado.
El caso ya fue abordado en dos ocasiones en conferencias mañaneras: primero ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador en julio de 2024, y posteriormente ante la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de mayo, quien dijo que serían atendidos por la Segob.
Las familias advierten que el caso es parte de un problema más amplio: “todo el país, pero en especial la península de Yucatán, está plagado de cárteles inmobiliarios que corrompen hasta los tuétanos a los gobiernos, dañan las economías regionales y causan graves daños económicos y emocionales a las familias”.
También declararon que su lucha va más allá de la recuperación de su patrimonio, ya que busca sentar un precedente para erradicar la impunidad de los cárteles inmobiliarios en el país.
La construcción del fraccionamiento está paralizada desde hace un año, y las familias afectadas siguen luchando, a la espera de una respuesta de las autoridades federales.
