Llaman a fiscalía estatal a transparentar cifras de juicios abreviados
Mexicali, 28 de octubre. La diputada local, Santa Alejandrina Corral Quintero, presentó ante el pleno del Congreso de Baja California un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a transparentar el uso del procedimiento abreviado en los últimos cinco años, ante la preocupación por el incremento de esta figura en casos de alto impacto.
Durante su exposición, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que el uso excesivo o injustificado del procedimiento abreviado puede provocar efectos adversos, tales como la inconformidad de las víctimas, el debilitamiento del sistema acusatorio y la percepción de que se prioriza la estadística por encima de una justicia plena.
Asimismo, subrayó que diversas organizaciones han alertado sobre el riesgo de corrupción e impunidad cuando esta herramienta se utiliza sin criterios estrictos en delitos que demandan una investigación exhaustiva.
En Baja California se ha observado un incremento en el uso de esta figura en delitos de alto impacto social, por lo que consideró indispensable conocer cuántas sentencias se han obtenido bajo esta modalidad, qué tipos de delitos están involucrados y cuál es la proporción respecto de los procedimientos ordinarios.
Además, expresó la necesidad de contar con datos claros y verificables sobre los registros que la fiscalía clasifica como Número Único de Caso (NUC), Acta Circunstanciada (NAC) y Registro de Atención Ciudadana (RAC) debido a que en los últimos meses se han difundido cifras que sugieren una disminución en la incidencia delictiva, pero que no coinciden con la percepción de la ciudadanía, por lo que es fundamental transparentar cómo se clasifican las denuncias en delitos como robo a comercio, desaparición forzada, violencia familiar, hostigamiento, daño en propiedad ajena, fraude y robo de vehículo.
Corral Quintero afirmó que la transparencia, la rendición de cuentas y la revisión crítica de los procedimientos penales son fundamentales para fortalecer las instituciones y garantizar que la justicia se ejerza con “sensibilidad, rigor y respeto pleno a los derechos de las víctimas”.
