Gobierno de BC ya tiene el título de concesión para el puerto Punta Colonet
Tijuana, 26 de noviembre. La empresa Administración Portuaria Integral del Estado de Baja California, S.A. de C.V., creada por el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, recibió de la Secretaría de Marina (Semar) el título de concesión por 50 años para la construcción, operación y explotación de obras, infraestructura portuaria, terminales, marinas e instalaciones portuarias del Puerto Punta Colonet, que se ubicará en el municipio de Ensenada, en aguas del Pacífico.
La creación del recinto, que tendrá una extensión de 2 mil 769 hectáreas -de las cuales 83 corresponden a terrenos de dominio público de la Federación y 2 mil 686 a superficie de agua de mar territorial-, se realizará en tres etapas, entre 2026 y 2035, y dará conclusión a los proyectos que se lanzaron desde el gobierno del panista Eugenio Elorduy Walther (fallecido en 2023), pero que ya se mencionaban desde administraciones anteriores.

Según la Secretaría de Gobernación (Segob), «contempla la posibilidad de que las entidades federativas constituyan sociedades mercantiles a efecto de que, con las condiciones previstas en la propia legislación portuaria, administren puertos, terminales, marinas o instalaciones portuarias de uso público cuya influencia sea preponderantemente estatal», y con esto, indicó, «se establece la posibilidad de adjudicar en forma directa las concesiones que al efecto sean solicitadas».
El 21 de agosto pasado, la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a la Dirección General de Puertos el oficio 410/UI/CIM/2025/029 la opinión favorable sobre la rentabilidad económica del puerto Punta Colonet. A su vez, la Dirección de Administración y Proyectos Prioritarios -de la Dirección General de Puertos- emitió el oficio DGP.DEDOP.DIMP.-0147/2025 relativo a la viabilidad técnica para el desarrollo del proyecto conceptual presentado.

El 5 de septiembre pasado la Semar anunció el otorgamiento de la concesión del puerto Punta Colonet a la entidad del Gobierno del Estado, y anticipó que el proyecto se convertirá en un punto estratégico de acceso al mercado estadunidense y aliviará la saturación de los puertos de los Ángeles y Long Beach, y «consolidará a Baja California como un nodo logístico en el comercio internacional», además de la creación de 30 mil empleos directos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el pasado 21 de noviembre que la delimitación del puerto es la misma que se presentó en diciembre de 2005, la cual «se encuentra delimitada y determinada en planos oficiales RPPCOLONET-01-2006, RPPCOLONET-02-2006, RPPCOLONET-03-2006 y RPPCOLONET-04-2006.

Según la información oficial, se prevé que con este puerto -ubicado a 240 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos-, las exportaciones mexicanas por la vía del Pacífico aumentarán en más de 35 por ciento. La empresa Administración Portuaria Integral del Estado de Baja California, S.A. de C.V tiene participación estatal mayoritaria, y está inscrita en el Registro Público de Comercio de Ensenada bajo el folio mercantil electrónico número 2023009884.
La Segob indicó que el Ejecutivo Federal, por conducto de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 7 de agosto de 2006 expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el «Decreto mediante el cual se habilita el Puerto de Bahía Colonet», en el municipio de Ensenada, «para que en lo sucesivo, tenga el régimen de navegación de altura y cabotaje».

Según la publicación, José Saúl de los Santos Gómez será el director general de la empresa Administración Portuaria Integral del Estado de Baja California, S.A. de C.V. «Tiene capacidad y facultades amplias para actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y especiales conferidas conforme a la legislación aplicable», lo que consta en la escritura pública 67,091 volumen 2,358 del 17 de marzo de 2023.
Según la descripción del proyecto, «el plan contempla una terminal de gran capacidad con calado de 17.5 metros, infraestructura versátil para distintos tipos de carga, tecnología de automatización e inteligencia logística, además de una zona industrial y de servicios que detonará la economía del sur del estado».

La Segob destacó en septiembre pasado que el crecimiento contemplado «tendrá un impacto social, con mejor infraestructura educativa, de salud y de servicios públicos, además de mayor conectividad y arraigo en la región, contribuyendo a reducir desigualdades y elevar la calidad de vida de las familias».
Además del incremento previsto en más de 35 por ciento de las exportaciones por la vía del Pacífico, se impulsarán los sectores estratégicos como la manufactura, la minería y la logística.
«Bajo un esquema sustentable y con autorizaciones ambientales que garantizan un desarrollo responsable», la construcción está programada en tres etapas entre 2026 y 2035 y abarcará una superficie de 2 mil 769 hectáreas con un recinto portuario de 83 hectáreas, de acuerdo con la información de la Segob.
Respecto a los términos de la adjudicación, la Segob indicó que en el supuesto de que la empresa «fuere declarada en quiebra, o si se llegare a la adjudicación o remate, el adquirente de los bienes y derechos objeto de la ejecución forzada no asumirá el carácter de concesionario, pero tendrá derecho a que su crédito sea pagado con las prestaciones que correspondan a la ejecutada y podrá, mientras no le sea cubierto su crédito, verificar los montos de los ingresos y egresos del administrador provisional o interventor del área concesionada, hasta la liquidación de la fallida».
Además afirma que la concesionaria «se obliga a mantener como mínimo el 51 por ciento del total de las acciones de su capital, las cuales podrán ser suscritas o adquiridas únicamente por el Poder Ejecutivo Federal y/o Estatal.
«Igualmente se obliga a mantener su estructura de capital y su consejo de administración, de tal forma que siempre la facultad para determinar el control administrativo y el manejo de la empresa recaiga mayoritariamente en los socios mexicanos».




