Demandan información sobre movimientos en Metales y Derivados
Tijuana, 13 de noviembre. Los movimientos realizados en el predio de Metales y Derivados no implican un riesgo inminente, pero sí la posibilidad de que la celda que guarda miles de toneladas de material contaminado con residuos peligrosos se infiltre o dañe si los trabajos no están haciéndose adecuadamente, advirtió Magdalena Cerda Báez, integrante del Colectivo de Salud y Justicia Ambiental.
«No va a haber emisiones al aire, vapores o radiación ahora mismo; el peligro es la perforación y que en cierto tiempo las perforaciones permitan que el agua llegue a la celda, que es la que contiene todos los contaminantes, principalmente metales pesados como plomo y otras sustancias como ácido sulfúrico y cadmio», afirmó en un video publicado en redes sociales.
Debido al tipo de material confinado en el sitio, resultado de reciclaje de plomo -que albergó la empresa Metales y Derivados hasta 1994 cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la clausuró por descuido en la operación en el manejo de los residuos-, es indispensable que cada movimiento que se realice se haga bajo una manifestación de impacto ambiental realizada por personal o empresas certificadas en el manejo de sustancias peligrosas, señaló Cerda Báez.
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El Colectivo de Salud y Justicia Ambiental, denominado en ese entonces Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental, junto con la comunidad asentada en las inmediaciones de Metales y Derivados, ubicado en calle 2 Oriente de Mesa de Otay, promovió que se remediara el lugar -donde el empresario estadunidense José Kahn abandonó los desechos y huyó al otro lado de la frontera-, y entonces dudaron en permitir que los residuos se quedaran encapsulados en el lugar.
«En el momento que se acordó la limpieza del lugar dudamos de que los tóxicos se quedaran ahí porque imaginamos lo que está pasando hoy, que en un momento se les olvidara que este es un sitio peligroso o que lo que está bajo tierra es peligroso», afirmó la activista y recordó que las autoridades estatales y federales se comprometieron que la entonces Secretaria del Medio Ambiente de Baja California instalara una oficina en el sitio para vigilar que no existiera ningún riesgo por el confinamiento.
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«Entonces tienen la responsabilidad de darnos certeza de lo que está pasando y para eso lo que tienen que hacer es muy preciso, no son solo comentarios, tienen que darnos primero que nada la información de cuál es el proyecto, es un documento donde especifica todo lo que están haciendo, lo siguiente es para poder autorizar eso debe haber habido una Manifestación de Impacto Ambiental que describe cuáles impactos hay al medio ambiente y a las personas».
La remediación se llevó a cabo por México y Estados Unidos; este último aportó -a través de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés- 85 mil dólares para repatriar el material abandonado, mientras que el gobierno de este país se encargó de hacer una celda para confinar la tierra contaminada, y se determinó que el lugar se utilizara exclusivamente para canchas deportivas, bajo esa condición se entregó en comodato a la Asociación de Industriales de Mesa de Otay (AIMO).
Magdalena Cerda Báez señaló que se requiere información de lo que está haciéndose en el predio «porque es un sitio contaminado que está bajo responsabilidad de gobierno federal y estatal; el predio es de gobierno y por tanto es de la ciudadanía».
