Asambleístas de California piden a senadores rechazar impuesto a remesas
Ciudad de México, 6 de junio. Asambleístas del Congreso de California -uno de los estados con mayor población migrante en Estados Unidos-, expresaron su rechazo al gravamen a las remesas, al señalar su preocupación sobre las consecuencias económicas para los californianos y la falta de autoridad legal para aplicar dicho impuesto.
En una carta enviada a los senadores por California Alex Padilla y Adam Schiff, los congresistas firmantes indican que si bien en el proyecto de ley de presupuesto para el país el próximo año, el gravamen propuesto al envío de remesas fue reducido de 5 por ciento de la propuesta original, a 3.5 por ciento, según el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la semana pasada, ese gravamen “ tiene un impacto devastador en los electores a quienes servimos en California”.
“Nos preocupan profundamente no solo las consecuencias económicas para los californianos, sino también la falta de autoridad legal para aplicar dicho impuesto”, indicaron los 18 californianos, entre los que se encuentran David Álvarez, asambleísta por el Distrito 80 de California, presidente del Comité Selecto de Asuntos Binacionales California-México.
El denominado “Proyecto de Ley Grande y Hermoso (One Big Beautiful Bill)» fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes y de ahí turnado al Senado para su discusión y que pueda ser ley a partir del próximo año.
El proyecto incluye, entre otras medidas, gravar la transferencia de recursos que envían las personas que laboran en Estados Unidos que no cuentan con documentos.
Los asambleístas expresaron su preocupación por los efectos que pueda tener en la economía de California y la implementación legal de ese impuesto.
Recordaron que cuando se presentó esta propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó la preocupación de su administración por la iniciativa legislativa en Estados Unidos para imponer un impuesto a las remesas enviadas fuera del país por inmigrantes no ciudadanos.
“Si bien sus preocupaciones sobre el impacto directo en los beneficiarios en México son válidas, nos preocupa especialmente el impuesto adicional y su efecto en los trabajadores inmigrantes de California, independientemente de su estatus migratorio”, señalaron.
Los asambleístas indican que se estima que los trabajadores inmigrantes mexicanos en Estados Unidos envían más de 60 mil millones de dólares a México cada año en remesas, y aproximadamente la mitad proviene de California y Texas.
Indicaron que de acuerdo con datos del Banco de México, los californianos enviaron más de 20.4 mil millones de dólares a sus familias en México en 2024. Estas remesas a menudo provienen de los residentes más trabajadores de California.
En su misiva, señalan que según el Instituto Baker de la Universidad Rice, los inmigrantes trabajan principalmente en sectores como la construcción (20.9 por ciento), la manufactura (12.6 por ciento), la hostelería y la recreación (12.2 por ciento), la educación y la salud (9.8 por ciento), el transporte (5.7 por ciento) y la agricultura (5.3 por ciento). “En otras palabras, ayudan a construir, cuidar y alimentar a nuestra nación”, destacan.
Los asambleístas californianos indican que existen importantes consideraciones políticas relacionadas con este impuesto, entre ellas, la reducción del poder adquisitivo y el gasto de los consumidores en las remesas a México.
Recordaron que las familias en México dependen de estas remesas, que a menudo representan una parte importante de sus ingresos para sus gastos diarios. “En lugar de disminuir las cantidades enviadas por remesas, se recortarán las compras diarias en California”, indican.
También expresaron su preocupación porque ese gravamen implique una ambigüedad legal, al argumentar que los impuestos federales y estatales “ya se pagan sobre cualquier ingreso salarial, y existe la consiguiente incertidumbre legal con respecto a la capacidad de imponer un impuesto adicional sobre los ingresos utilizados para enviar remesas; imponer este impuesto a un grupo muy selecto de trabajadores estaría legalmente prohibido”, alertan.
También señalaron los obstáculos burocráticos para el consumidor, ya que las instituciones bancarias y financieras podrían tener que implementar medidas burocráticas adicionales para identificar cuál de las múltiples vías para obtener un estatus legal aplica (por ejemplo, visas, estatus temporal, estatus de refugiado o residencia permanente) antes de procesar las remesas.
Expusieron que dichos requisitos “probablemente tendrán un efecto disuasorio en los consumidores y podrían incentivarlos inadvertidamente a usar efectivo u otros canales informales para enviar remesas. Si estos canales informales se vuelven más comunes, podría fomentar la participación de organizaciones criminales en estas actividades”, alertaron.
Por lo anterior, hicieron un llamado a los senadores por California a “rechazar la tasa impositiva sobre las remesas incluida en el Proyecto de Ley Grande y Hermoso”.
Además del presidente del Comité Selecto de Asuntos Binacionales CA-México de Asser, David Álvarez, firman la carta otros 17 asambleístas más: Patrick J. Ahrens, asambleísta por el Distrito 26; Esmeralda Z. Soria, del Distrito 27; Blanca E. Rubio, del Distrito 48; Juan Carrillo del Distrito 39.
También firmaron José Luis Solache Jr, del distrito 62; Avelino Valencia, del Distrito 68; Jasmeet Kaur Bains, del Distrito 35; Anamarie Avila Farías, del Distrito 15; Robert García, del Distrito 50; Issac G. Bryan, del Distrito 55; Maggy Krell, del Distrito 06; Blanca Pacheco, del Distrito 64; Mark González, del Distrito 54; Mike Fong, del Distrito 49; Michelle Rodríguez, del Distrito 53; Celeste Rodríguez, del Distrito 43 y Robert Rivas, del Distrito 29.