Activistas LGBT+ proponen políticas públicas y presupuesto en Baja California
8 de octubre.- La 5ª Cumbre Nacional de Marchas LGBT+ México 2026, «Nuestras realidades importan: agenda común con incidencia nacional», concluyó con la presentación de un pliego petitorio para los diputados del Congreso de Baja California.
La Alianza LGBT+ México que inició en Puebla con marchas del orgullo y movilizaciones que ahora reúne cada año a cerca de 10 millones de personas, se extendió a Guadalajara, Guanajuato, y esta vez llegó a Baja california con la cumbre que reunió a 150 delegadas y delegados de 30 de las 32 entidades del país, del 2 al 4 de octubre en Tijuana, Ensenada y Mexicali.
Luis Alfonso Guardado, Director de Comunidad Diversa, y organizador de la cumbre, informó que en el encuentro abordaron tres ejes principales relacionados con los crímenes contra personas trans y la falta de protocolos de protección, a cargo del abogado y activista Alex Alí Méndez; la prevención del VIH y el acceso a pruebas rápidas, expuestos por Alain Pinzón, de VIHve Libre; y la inclusión de personas con discapacidad dentro de la diversidad sexual y de género, tema presentado por el activista y artista Gus Guevara.
Durante la cumbre también se organizaron nueve mesas de trabajo sobre VIH y salud sexual, feminismos, mujeres afrodescendientes, vivienda y empleo, derechos humanos y políticos, educación, cultura y turismo, con el propósito de construir propuestas a partir de las necesidades de las comunidades en cada territorio.
Uno de los temas que conmovió es el relacionado con la violencia perpetrada hacía la comunidad. En 2025 se documentaron 115 casos de violencia contra personas LGBTI+ en México, de los cuales, 59 corresponden a asesinatos, 34 a desapariciones, 16 a atentados y seis a suicidios, de acuerdo con el informe 2025 elaborado por el Observatorio de Crímenes LGBTI+, por lo que hicieron un llamado para visibilizar los crímenes.
Salud sexual, reformas al código penal e infancias trans, entre el pliego petitorio
El pliego petitorio entregado en el Congreso del Estado, y que se derivó de la cumbre fue un documento técnico y político elaborado en Ensenada, y basado en el artículo primero constitucional, articulando reformas legislativas, asignación presupuestal fiscalizable, políticas públicas y mecanismos de coordinación institucional.
Como derecho a la igualdad, realizar un diagnóstico relacionado con la brecha entre el reconocimiento legal y la igualdad sustantiva.
Armonización de legislación antidiscriminación federal y local, además de erradicar brechas laborales como las pruebas de VIH discriminatorias en procesos de contratación, que existan protocolos de respeto a la identidad e integridad de personas trans y no binarias privadas de la libertad.
En materia de salud, consideraron urgente acabar con el desabasto intermitente, además de la centralización de servicios de salud sexual, así como los marcos penales que estigmatizan a quienes padecen enfermedades de transmisión sexual.
