Desplazados por la violencia en Tila rechazan volver si no les garantizan seguridad

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 11 de junio. Los más de 4 mil pobladores desplazados de Tila acordaron no regresar a sus casas por considerar que no existen las condiciones de seguridad suficientes.

Dijeron que van a retornar hasta que tengan certeza jurídica sobre sus propiedades y que se aplique el Estado de derecho en contra de quienes destruyeron sus bienes y provocaron su salida del pueblo el viernes.

“Si nos dicen que se va a quedar el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ¿cuánto tiempo nos van a proteger si el gobierno no les da derecho a hacer lo que tienen que hacer, a detener?”, dijo una mujer.

Ante cientos de personas reunidas en asamblea en el vecino municipio de Yajalón, donde están refugiadas, la mujer insistió: “¿cómo vamos a regresar?, o, ¿se quieren regresar ustedes?”, a lo que la mayoría respondió: “No”.

Autoridades federales, estatales y municipales de Tila acordaron el lunes que este martes iniciaría el regreso de los más de 4 mil desplazados, para lo cual la Secretaría de Protección Civil estatal había dispuesto transporte.

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Según el convenio, las fuerzas de seguridad federales y estatales acompañarán el retorno y permanecerán en Tila el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de la población.

Otra mujer desplazada que tomó la palabra afirmó que no reconocen los acuerdos tomados de manera “unilateral” en una mesa de diálogo, al tiempo que demandó “castigo a los criminales de ese grupo de Autónomos”.

Un hombre que también pidió el anonimato, comentó: “Supimos ayer que estuvo en la negociación el cura Heriberto Cruz Vera (ex párroco de Tila), junto con el presidente municipal (Limber Gutiérrez Gómez). Ha sido una negociación escondida, no a través de la cara de los desplazados y despojados, sino que se hizo a escondidas y nadie supo de qué se trató”.

Jamás nos hicieron caso

Expresó que “se debería de hacer un diálogo con los compañeros y el comisariado legal, que nos tomen en cuenta, porque sí tenemos el comisariado legal porque somos un grupo de ejidatarios con el grupo legal y nunca hemos sido respetados. Hemos metido escritos ante el gobierno, pero jamás nos hicieron caso”.

En entrevista colectiva, agregó: “La condición de los desplazados para regresar es que se aplique el Estado de derecho, que nos garantice la seguridad el gobierno y la Fiscalía para poder regresar cada uno de los despojados a nuestra casa. Que ingresen la Guardia Nacional y la Policía de Seguridad Pública”.

Otro hombre manifestó que “si no fuera por instituciones de fuera que nos apoyaron, por los militares y a los que nos escucharon”, no hubieran salido de Tila el viernes.

Agregó que otras gentes “vienen a decidir por nosotros, y preguntó: ¿quién es el que viene a decidir por nosotros? Siempre es el cacique (Limber Gutiérrez Gómez, alcalde de Tila) que ha gobernado 30 años. Es el que siempre ha venido a dar órdenes por nosotros. Cuando es tiempo de elecciones quiere hasta que le besen su pie; todos vamos y hasta lo abrazamos, pero ahora no nos apoya ni voltea a ver a nuestro pueblo cómo está”.

Pidió “unir fuerzas” e ir a la Fiscalía a manifestarse porque “existe la libertad de expresión y tenemos el derecho de protegernos”.

Nos van a volver a sacar

Otro de los desplazados aseguró que “está grave la situación que estamos viviendo en el poblado de Tila. El 4 de junio empezó la matanza por parte de los Autónomos. Se han dirigido a matar a cada persona que vive en la población del ejido. No solo a la población están asesinando, sino a los habitantes de los ocho anexos que componen el ejido”.

Una mujer sostuvo que “lo que pasó estos días en Tila no fue un enfrentamiento, si lo hubiera sido hubiéramos tenido la capacidad de responderles (a los Autónomos). Nos atacaron otra vez”.

Advirtió que “si regresamos en estas condiciones nos van a volver a sacar”, por lo que reiteró su propuesta de no retornar mientras no haya garantías de seguridad, y hasta en tanto “el ejido no nos quiera dar la certeza de las 130 hectáreas en las que están nuestras casas. No queremos tierras”.

Concluyó: “El punto no es negociable: aplicación del Estado de derecho, lo que quiere decir que se haga una buena investigación y pague quien pague, del grupo que sea, conforme a derecho”.